Así lo afirmó en una reunión mantenida en la sede del CERMI, en la que participaron responsables de la entidad y del conjunto del movimiento de la discapacidad. A la misma, asistieron en calidad de invitados Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector; Carlos Susías y Juan Lara, vicepresidentes; y Elena Rodríguez, directora.

 

Los representantes de la Plataforma trasladaron al ministro las principales demandas de las entidades a las que representan, particularmente la preocupación por el mantenimiento del sistema actual de distribución de los fondos obtenidos por el IPRF, así como la propuesta de destinar los fondos de la futura Tasa de Transacciones Financieras aprobada recientemente por 11 países europeos (y que se estima para España en unos 5.000 millones de euros anuales) a fines sociales.

 

En relación a la distribución de fondos procedentes del IPRF, Poyato afirmó que desde la Plataforma se apoya “un sistema que ha funcionado muy bien durante muchos años, y que se conjuga con un principio constitucional de que todo español tiene los mismos derechos independientemente del lugar en el que resida”. En este sentido se refirió a la propuesta electoral de la Plataforma sobre la modificación del Título Octavo de la Constitución Española, y que pretende el establecimiento de “un espacio competencial compartido”, que “equilibre la asistencia social a nivel estatal”.

 

El presidente de la Plataforma puso también de relieve el “importante paso adelante” que ha supuesto la reciente aprobación de la Ley de Tercer Sector de Acción Social, si bien recordó que “la ley debe ir acompañada de recursos económicos”, que desplieguen las posibilidades que ofrece la norma y “enriquezcan la economía social y el conjunto del país”.

 

 

Por  su parte, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, agradeció al ministro el trabajo que el Gobierno ha desarrollado durante estos años, a pesar “de que ha sido una legislatura muy difícil y complicada para todos los españoles, y bastante más complicada para los grupos sociales que estamos en condiciones más precarias”, en los que ha incluido la discapacidad.

 

Entre las medidas positivas llevadas a cabo por el Gobierno, Pérez Bueno subrayó la incorporación de las entidades sociales a los mecanismos de pago a proveedores, “que ha permitido la continuidad y la supervivencia de las organizaciones”. Además, ha mostrado su satisfacción por la Reforma Fiscal, el mantenimiento del IVA reducido para los materiales que necesitan las personas con discapacidad y por  el impulso de la empleabilidad de esta parte de la ciudadanía.

 

El máximo responsable del CERMI instó además al titular de Hacienda a que antes de que concluya la actual legislatura el Gobierno regule definitivamente el mínimo de contratos que las administraciones deben reservar para entidades sociales y el mantenimiento de la competencia estatal del reparto de los fondos de la casilla de la “X Solidaria” del IRPF.